La propuesta del magante enciende las alarmas dentro del partido republicano.
La regulación de la inteligencia artificial se ha convertido en uno de los debates centrales de la política estadounidense. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025 reactivó tensiones entre el poder federal, los estados y la influencia de figuras tecnológicas dentro del Gobierno.
En el centro de esta discusión aparece un nombre poco conocido para el público general, pero clave para la derecha radical: David Sacks.
Su papel, la controversia por un borrador de orden ejecutiva sobre IA y el rechazo tanto de demócratas como de sectores del propio movimiento conservador MAGA revelan una disputa profunda sobre quién debe controlar el futuro regulatorio de la IA.
David Sacks: un inversionista convertido en el arquitecto político de la IA
David Sacks es uno de los empresarios más influyentes de Silicon Valley. De origen sudafricano-estadounidense, fue director de operaciones de PayPal, fundador y CEO de Yammer y posteriormente director ejecutivo interino en Zenefits.
Su trayectoria como inversionista lo llevó a participar en empresas como Facebook, Uber y SpaceX. Con el tiempo se consolidó como una voz de peso dentro del ecosistema tecnológico y en redes sociales, especialmente por su postura crítica hacia la regulación digital.
En diciembre de 2024, Donald Trump lo designó como su “zar de IA y criptomonedas”. Aunque el cargo no es formal, su rol como asesor directo le otorga poder real para moldear la estrategia nacional en inteligencia artificial, criptomonedas y tecnología en general.
Medios especializados, como The Verge, describen a Sacks como un billonario del capital de riesgo que no solo asesora, sino que influye directamente en la política tecnológica de la administración. Para muchos analistas, su presencia simboliza el desplazamiento de expertos tradicionales en políticas públicas por figuras provenientes del mundo empresarial.
El borrador de la orden ejecutiva: un intento de centralizar la regulación de la IA
A finales de 2025 se filtró un borrador de orden ejecutiva titulado “Eliminating State Law Obstruction of National AI Policy”. Su objetivo declarado es evitar que cada estado legisle de forma independiente sobre IA, lo que la Casa Blanca considera un mosaico regulatorio perjudicial para la innovación y la competitividad nacional. Sin embargo, el contenido del borrador ha generado una polémica de gran escala.
Entre los puntos principales, destacan:
Creación de una fuerza de litigios federales en IA
El borrador ordena al Departamento de Justicia establecer en 30 días una “AI Litigation Task Force” dedicada a demandar a los estados cuyas leyes de IA se consideren inconstitucionales o contrarias a la política federal. La estrategia se fundamenta en la cláusula de comercio interestatal, buscando invalidar regulaciones locales que supuestamente obstaculizan el despliegue nacional de sistemas de IA.
Armonización regulatoria obligatoria
La orden asigna a agencias como la FCC y la FTC la responsabilidad de identificar qué normas estatales chocan con un sistema federal unificado. La FCC debería desarrollar estándares de reporte que anulen regulaciones locales, mientras que la FTC emitiría nuevas directrices sobre prácticas engañosas en IA, imponiendo así un marco nacional que restaría poder de acción a los estados.
Condicionar fondos federales para presionar a los estados
Uno de los elementos más controvertidos es la posibilidad de restringir fondos federales –por ejemplo, programas de banda ancha– a estados que mantengan leyes consideradas “contradictorias” con la política federal de IA. Este mecanismo buscaría usar el financiamiento público como herramienta de presión política.
Camino hacia una legislación federal obligatoria
El borrador asigna a David Sacks y al director de Asuntos Legislativos de la Casa Blanca la tarea de preparar propuestas de ley para reemplazar las legislaciones estatales de IA. Sería un paso que consolidaría un marco federal único.
Críticas legales y políticas: ¿puede la Casa Blanca anular a los estados?
La filtración del documento provocó un rechazo amplio entre juristas y especialistas en derecho constitucional. Según diversos expertos, la Casa Blanca no tiene autoridad para anular leyes estatales sin una legislación aprobada por el Congreso. Axios, uno de los medios que reveló partes del borrador, señaló que la anulación de leyes estatales es facultad legislativa, no ejecutiva.
La medida convertiría al Departamento de Justicia en un litigante activo contra los propios estados, un escenario excepcional que subraya la agresividad del enfoque. Organizaciones como Pew y Common Cause advirtieron que un intento de federalizar por decreto la regulación de IA sería legalmente insostenible y políticamente explosivo.
Asimismo, el protagonismo otorgado a David Sacks y a otros actores empresariales –como Marc Andreessen– genera preocupación sobre una captura privada de la política tecnológica. El borrador reduce el rol de organismos científicos tradicionales como la Oficina de Política Científica y Tecnológica (OSTP), lo que para muchos representa un giro hacia un modelo en que las grandes tecnológicas influyen directamente en decisiones regulatorias clave.
Una ruptura interna: el rechazo de la facción MAGA
Paradójicamente, el borrador ha provocado un quiebre dentro del propio movimiento conservador «Make America Great Again» (MAGA), que suele respaldar a Trump en sus iniciativas. En este caso, la oposición ha sido abierta y frontal.
Defensa de la soberanía estatal
Líderes como Josh Hawley y Marjorie Taylor Greene criticaron ferozmente la idea de impedir que los estados legislen sobre IA. Para Hawley, la propuesta debía quedar fuera de cualquier proyecto federal; Greene insistió en que los estados deben mantener la facultad de regular la IA u otros asuntos que afecten directamente a su población.
Su rechazo refleja una tensión clásica dentro del conservadurismo estadounidense: la defensa del poder estatal frente a un gobierno federal percibido como invasivo.
Desconfianza hacia Big Tech
El ala MAGA ha mantenido una postura combativa frente a las grandes tecnológicas, acusándolas de censura, daño social y amenaza para los empleos estadounidenses. Por ello, muchos interpretan la moratoria estatal como un regalo a Silicon Valley. De hecho, comentaristas cercanos a Steve Bannon y figuras como Ron DeSantis calificaron la orden como un salvavidas para el Big Tech.
Incluso entre votantes trumpistas, predomina la percepción de que la IA puede dañar empleos, valores tradicionales y la estabilidad mental de los jóvenes, por lo que limitar la capacidad de los estados para regularla resulta contrario a sus preocupaciones.
División dentro del Partido Republicano
La propuesta también ha dividido al Partido Republicano. Hawley y Greene cuestionan abiertamente la idea, mientras que otros líderes han evitado respaldarla. Intentos previos de incorporar una moratoria estatal en la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) fracasaron en gran parte por la presión del ala conservadora y de la propia industria tecnológica.
La propuesta de centralizar la regulación de IA enfrenta, así, resistencias tanto de la base republicana como de sectores institucionales del partido.
Lo que piensa la población estadounidense: regular sí, bloquear a los estados no
Las encuestas nacionales ofrecen un panorama claro: los ciudadanos quieren regulación de IA, pero rechazan que el Gobierno federal limite a los estados.
Ab overwhelming rechazo a un vacío regulatorio
Un sondeo de Gallup en septiembre de 2025 mostró que el 97 por ciento de los adultos cree que la IA debe estar regulada. Informes de YouGov indican que el 72 por ciento de los encuestados quiere más regulación, incluyendo dos tercios de los votantes de Trump.
Otros estudios señalan que una mayoría amplia de republicanos, demócratas e independientes ve prioritaria la seguridad, la protección de menores y la transparencia de los sistemas de IA, aunque ello implique cierta ralentización de la innovación.
Opinión sobre medidas específicas
Entre 64 y 73 por ciento de la población respalda una mayor intervención del gobierno. Según Quinnipiac, casi siete de cada diez estadounidenses creen que el gobierno ha actuado insuficientemente en materia de IA. Y cerca del 80 por ciento considera que la seguridad debe ir por sobre la competencia internacional, incluso con China.
Rechazo a limitar las leyes estatales
Cuando se pregunta específicamente por la preeminencia federal, la oposición aumenta. Un sondeo de IFS/YouGov (noviembre de 2025) reveló que el 57 por ciento rechaza que el Congreso bloquee las leyes estatales de IA, frente a un 19 por ciento que lo apoya.
Otra encuesta de Echelon Insights mostró que casi tres de cada cinco votantes rechazan una moratoria federal sobre la regulación estatal. El 81 por ciento de los encuestados consideró inaceptable prohibir a los estados aprobar leyes destinadas a proteger la privacidad y seguridad de los niños en línea.
Un conflicto que define el futuro de la regulación tecnológica
La propuesta de centralizar la regulación de la IA en Washington ha expuesto fracturas políticas profundas. Mientras la administración Trump y asesores como David Sacks buscan evitar un mapa fragmentado de leyes, la legalidad de este enfoque es dudosa y el rechazo público es contundente.
Incluso dentro del movimiento que sostiene al expresidente, la defensa de los derechos estatales y la desconfianza hacia Big Tech dificultan cualquier intento de imponer una moratoria nacional.
Las encuestas muestran un consenso amplio en regular la IA, pero también un rechazo igualmente firme a que el gobierno federal limite la autonomía de los estados. Este choque entre innovación, federalismo y poder político será un eje decisivo para comprender la evolución de la política tecnológica en Estados Unidos durante los próximos años.
