José Antonio Kast, candidato presidencial y uno de los dos finalistas para la segunda vuelta, propone públicamente que los hijos chilenos de inmigrantes irregulares podrán quedar bajo el cuidado del Estado cuando sus padres sean expulsados.
Lo que implica la separación de estos niños de sus familias, quienes ya sufren alta vulnerabilidad, ausencia de redes de apoyo, y muchos no cuentan con representación diplomática o social como es el caso de los venezolanos.
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A primera vista, se presenta como una política de “orden”. Pero la historia reciente de Chile demuestra algo inquietante:
Cada vez que el Estado ha tenido facultades amplias sobre niños pobres, vulnerables o sin representación, se han activado redes de sustracción, falsificación documental y adopciones ilegales —como las que operaron durante cinco décadas.
Con estas propuestas migratorias, se abre la puerta para que situaciones similares se repitan, pero esta vez dirigidas a familias migrantes, especialmente venezolanas, que no cuentan con representación consular, redes de apoyo ni mecanismos para denunciar abusos.
El riesgo no es hipotético. Está documentado en más de 20.000 casos históricos.
I. La historia que Chile aún no repara: cuando el Estado separó a miles de niños pobres de sus familias
Entre 1973 y 1990, y luego también en democracia, Chile operó una trama de adopciones ilegales con fines de lucro: médicos, jueces, asistentes sociales, religiosos y agencias internacionales sustrajeron miles de niños a sus familias.
Cifras más conservadoras: 20.000 niños chilenos enviados al extranjero.
Proyecciones máximas: hasta 50.000 menores.
Año 2024: casos nuevos siguen apareciendo.
Las víctimas eran, mayoritariamente:
- mujeres pobres,
- madres migrantes internas,
- mujeres solteras,
- familias sin representación ni capital político.
Exactamente el perfil que hoy concentra la irregularidad migratoria.
El modus operandi incluía:
- falsificación de certificados de nacimiento,
- informes sociales inventados,
- jueces que declaraban “abandono”,
- funcionarios que impedían las visitas de las madres,
- clérigos que operaban redes transnacionales,
- agencias de adopción extranjeras que pagaban montos que oscilaban entre $10.000 y $50.000 USD por niño.
Lo que hoy se describe como “errores del pasado” fue, en realidad, un mercado lucrativo que funcionó por décadas gracias a tres condiciones:
1. Poblaciones sin representación política.
2. Niños bajo custodia del Estado.
3. Ausencia de supervisión, controles y derechos exigibles.
Las mismas condiciones que podrían replicarse bajo un programa de expulsión masiva con separación familiar.
II. La nueva población objetivo: migrantes irregulares sin consulado, sin derechos y sin voz
El candidato José Antonio Kast propone expulsar masivamente a extranjeros en situación irregular, sin distinguir:
- si trabajan,
- si tienen hijos chilenos,
- si no han cometido delitos.
En paralelo, plantea que los niños nacionalizados queden retenidos en el país, bajo el cuidado del Estado, mientras sus padres son expulsados.
¿Quiénes forman ese grupo?
✔ Principalmente venezolanos.
✔ Sin embajada operativa en Chile.
✔ Sin servicios consulares básicos.
✔ Sin redes de defensa jurídica.
✔ Sin protección diplomática mínima.
✔ Sin mecanismos para denunciar violaciones de derechos humanos.
En otras palabras: la población más vulnerable del país.
Y cuando una población queda sin derechos exigibles, sin representación y bajo custodia estatal…
la historia chilena ya demostró lo que ocurre.
III. El riesgo estructural: cómo la separación forzada de niños puede reactivar redes que nunca desaparecieron
Aunque parezca extremo, es necesario decirlo con claridad:
Si se legaliza la separación de familias migrantes, Chile corre el riesgo real de reactivar las mismas lógicas institucionales que permitieron la sustracción y tráfico de niños durante 50 años.
¿Por qué?
1. Porque las redes de adopciones ilegales nunca desaparecieron del todo
Hay casos documentados hasta 2024. Es decir, estas prácticas siguieron funcionando incluso bajo democracia, bajo SENAME y bajo el sistema actual de protección.
2. Porque el Estado chileno aún no logra garantizar la seguridad ni la trazabilidad de los niños a su cargo
Las comisiones parlamentarias concluyeron:
- documentos adulterados,
- registros perdidos,
- niños declarados “abandonados” sin fundamento,
- hogares acreditados pese a denuncias masivas.
3. Porque el incentivo económico sigue existiendo
Durante décadas se pagaron:
- $10.000–$16.000 euros por niño en Europa;
- $50.000 USD por adopción en los 80;
- Las llamadas “contribuciones voluntarias” que financiaron redes completas.
Las agencias extranjeras siguen operativas. La demanda internacional persiste.
4. Porque separar niños de familias migrantes genera el “escenario perfecto” para el abuso
Un niño chileno cuyos padres fueron expulsados:
- no tiene consulado que lo defienda,
- no tiene familia extendida en Chile,
- depende 100% de la institucionalidad,
- no puede denunciar,
- no tiene abogado natural,
- no es buscado por nadie en el extranjero.
Es el mismo patrón de vulnerabilidad que permitió las adopciones ilegales históricas.
5. Porque la política migratoria propuesta crea una “zona gris legal” peligrosa
Un niño chileno bajo cuidado temporal del Estado mientras sus padres son expulsados:
- ¿queda sujeto a “adopción por abandono”?
- ¿queda retenido indefinidamente?
- ¿puede ser derivado a un hogar privado?
- ¿quién controla que no se repita lo ocurrido entre 1970 y 2000?
La Ley de Adopción sigue teniendo vacíos que históricamente permitieron el despojo legalizado.
IV. ¿Puede ocurrir de nuevo?
Los expertos dicen que sí. Los antecedentes lo prueban.
Basta recordar:
- Durante la dictadura, muchos niños fueron declarados “abandonados” por informes sociales falsos.
- En democracia, madres pobres fueron engañadas para entregar a sus hijos “temporalmente”.
- En 2014, hogares acreditados seguían entregando niños irregularmente a parejas europeas.
- En 2021, madres denunciaron sustracción encubierta bajo “protección estatal”.
Nada de eso desapareció por completo. Chile aún no cuenta con:
- un banco de ADN operativo,
- un registro único de víctimas,
- auditoría completa de hogares,
- fiscalización internacional.
Y ahora, en pleno 2025, un candidato presidencial propone el escenario exacto que permitió las redes del pasado: niños vulnerables retenidos por el Estado sin respaldo familiar ni consular.
V. Conclusión: la historia no se repite sola; se repite cuando el Estado reproduce las condiciones
Las declaraciones de José Antonio Kast sobre la migración no son un detalle retórico ni populismo de derecha. Son una advertencia sobre el futuro inmediato:
Separar a niños chilenos de sus familias migrantes abriría la puerta a una tragedia que Chile no ha logrado reparar y que aún deja miles de víctimas buscando su identidad.
Si se implementa esta política, El Estado volvería a tener control sobre menores vulnerables y familias enteras quedarían impotentes ante decisiones administrativas. No existiría ninguna garantía de trazabilidad ni supervisión independiente mientras Las redes transnacionales de adopción —legales e ilegales— verían una oportunidad histórica.
Chile ya sabe lo que ocurre cuando la vulnerabilidad infantil se vuelve un recurso administrado por el Estado sin contrapeso.
