La controversia alrededor de David Heinemeier Hansson y Omacom comenzó con acusaciones de “fascismo” dentro del software libre. Pero detrás de esa disputa aparece una pregunta menos estridente y bastante más difícil de ignorar: si el código organiza cada vez más nuestra vida, ¿por qué sabemos tan poco sobre el dinero y las relaciones de poder detrás de la industria tecnológica?
A comienzos de septiembre, el desarrollador y ensayista Brennan Kenneth Brown publicó un texto cuyo título difícilmente podía pasar inadvertido: Normalized Fascism in Open Source: $12 Million Given to DHH. Su argumento era explícitamente político. Brown acusaba a David Heinemeier Hansson —DHH— y a varios actores del ecosistema de software abierto de contribuir a la normalización de posiciones de extrema derecha, y terminaba proponiendo el boicot a empresas vinculadas directa o indirectamente con esos proyectos. El propio autor clasifica su pieza como ensayo personal, comentario social y política: no pretende presentarla como una investigación neutral.
La controversia no surgió de la nada. Heinemeier Hansson, creador de Ruby on Rails, cofundador y CTO de 37signals y miembro del directorio de Shopify, había publicado en 2025 un texto sobre Londres en el que lamentaba que la ciudad ya no estuviera “llena de británicos nativos”, describía como heartwarming la presencia de banderas británicas durante una marcha encabezada por Tommy Robinson y utilizaba expresiones como demographic replacement para describir la transformación demográfica de la capital británica. No hace falta adivinar qué quiso decir más allá de lo que escribió: sus propias palabras permiten comprender por qué sus posiciones comenzaron a convertirse en un asunto político dentro de comunidades tecnológicas que antes podían discutir principalmente sobre lenguajes, frameworks o gestores de ventanas.
La palabra fascismo, sin embargo, exige cuidado. Históricamente designa movimientos autoritarios y ultranacionalistas surgidos en la Europa de comienzos del siglo XX, con características mucho más precisas que una simple posición conservadora, nacionalista o provocadora. En el debate contemporáneo su uso se ha expandido y se aplica con frecuencia a fenómenos muy distintos de aquellos regímenes históricos. Que Brown la utilice es relevante para comprender la controversia; que la utilice no convierte automáticamente esa clasificación en un hecho.
Y quizá allí esté la primera oportunidad para apartarnos del conflicto inmediato.
Porque mientras se discutía qué palabra correspondía utilizar para describir las ideas de Heinemeier Hansson, algo mucho más tangible estaba ocurriendo alrededor de él: una cantidad extraordinaria de dinero comenzaba a organizarse alrededor de su visión del futuro del escritorio Linux.
Trece millones, más otros 1,95 millones en tokens
Heinemeier Hansson es una de las figuras más influyentes de la programación web de las últimas dos décadas. Ruby on Rails nació de su trabajo en 37signals y terminó formando parte de la infraestructura tecnológica de empresas como Shopify. Más recientemente creó Omarchy, una distribución Linux basada en Arch, Hyprland y Quickshell que intenta construir un entorno de escritorio profundamente integrado con herramientas de inteligencia artificial. El propio proyecto se presenta como un sistema operativo “maleable” para la era de los agentes.
Alrededor de Omarchy se está formando ahora la Omacom Foundation, que se presenta como una organización sin fines de lucro encargada de mantener las marcas, financiar infraestructura y respaldar los proyectos y desarrolladores de los que depende la distribución.
Las cifras merecen explicarse con precisión porque se han movido muy rápido.
Doce Founding Patrons comprometieron un millón de dólares cada uno: Tobi Lütke, Patrick Collison, Michael Dell, Jack Dorsey, Matthew Prince, Brendan Iribe, Jason Fried, Drew Houston, Peter Steinberger, Brian Armstrong, Yunjie Dai y el propio Heinemeier. Cuatro patrocinadores adicionales comprometieron 100.000 dólares cada uno, mientras 1Password y 37signals asumieron compromisos corporativos de 100.000 dólares anuales durante tres años. El total de compromisos monetarios anunciado por Omacom llegó así a US$13 millones. Es importante distinguir a las personas que aparecen asociadas a determinadas compañías de las compañías que formalmente figuran como patrocinadores corporativos.
Un día después apareció una segunda cifra. Meta Superintelligence Labs comprometió US$1,5 millones en tokens y Anthropic, OpenAI y Fireworks otros US$150.000 cada uno. Son US$1,95 millones en créditos tecnológicos, no dinero en efectivo. Sumados nominalmente a los compromisos monetarios, Omacom presenta actualmente US$14,95 millones en recursos comprometidos.
Tampoco corresponde decir que “Heinemeier Hansson recibió 14,95 millones de dólares”. Los compromisos están dirigidos a la fundación que se está construyendo alrededor de Omarchy, y una parte ni siquiera consiste en dinero.
Esta diferencia puede parecer un tecnicismo, pero no lo es.
Precisamente porque el problema interesante comienza cuando dejamos de imaginar el dinero exclusivamente como una forma de comprar propiedad.
¿Qué puede comprar el dinero cuando no puede comprar el código?
Omarchy continúa siendo software abierto. Hyprland continúa siendo software abierto. Quickshell y mise también.
Los patrocinadores no necesitan adquirir sus repositorios para producir consecuencias sobre su desarrollo.
Omacom ya se convirtió en patrocinador exclusivo de Hyprland mediante un acuerdo inicial de tres años con opción de extenderlo por dos más. También asumió patrocinios de tres años sobre Quickshell y mise. La fundación financia residencias de artistas, competencias para desarrollar plugins, infraestructura y acaba de contratar a su primer empleado a tiempo completo, el desarrollador del kernel de Linux Krzysztof Wilczyński, para trabajar en el llamado Omarchy Kernel.
Heinemeier Hansson ha anunciado además que no pretende transformar los fondos de 2026 en un patrimonio destinado a durar décadas: la intención declarada es gastar todo lo recaudado durante los siguientes tres años, con presupuestos superiores a cuatro millones de dólares anuales entre 2027 y 2029.
Es una demostración especialmente clara de algo que suele permanecer detrás de la interfaz.
El dinero no necesita comprar una licencia para comprar capacidad.
Puede financiar años completos de trabajo de un desarrollador. Puede mantener servidores, reducir la necesidad de buscar clientes, pagar diseño, documentación y seguridad, acelerar integraciones, sostener comunidades y permitir que una determinada solución madure mientras otras avanzan solamente durante las horas libres de sus mantenedores.
Eso no demuestra que el resultado vaya a ser malo.
Tampoco prueba que los patrocinadores compartan las opiniones políticas de Heinemeier.
Y sería poco serio deducir una conspiración ideológica simplemente porque varias personas ricas deciden financiar el mismo proyecto.
Pero hay una cuestión que permanece incluso después de descartar todas esas interpretaciones:
si el código está abierto pero la capacidad para hacerlo crecer está profundamente concentrada, ¿dónde comienza y dónde termina realmente el poder sobre ese ecosistema?
El software no necesita tener una ideología para tener política
En 1980, el teórico político Langdon Winner formuló una pregunta que todavía incomoda: ¿tienen política los artefactos?
Winner no sostenía simplemente que detrás de cada máquina hubiera un partido político escondido. Su argumento era más interesante: algunas máquinas, estructuras y sistemas pueden ser examinados no solo por su eficiencia, productividad o efectos ambientales, sino también por las formas de poder y autoridad que posibilitan o incorporan.
Hay una diferencia considerable entre afirmar que todo programador hace política conscientemente y reconocer que los sistemas técnicos distribuyen poder independientemente de que sus autores hayan pensado en esos términos.
Andrew Feenberg desarrolló posteriormente una teoría especialmente útil para evitar los dos extremos. La tecnología, argumenta, no es un destino que determine inevitablemente nuestra sociedad, pero tampoco es neutral. Los sistemas técnicos son construidos dentro de contextos económicos, culturales e institucionales; entre varias soluciones técnicamente posibles terminamos escogiendo algunas y descartando otras, y esas elecciones pueden favorecer determinados intereses y dificultar otros. Para Feenberg, precisamente por no ser inevitable, la tecnología puede convertirse también en objeto de discusión y transformación democrática.
Esto nos permite volver a Omacom sin necesidad de realizar ningún juicio sobre la conciencia privada de sus patrocinadores.
No sabemos qué piensa Michael Dell cuando compromete un millón de dólares.
Tampoco necesitamos saberlo.
Podemos observar qué produce ese millón.
Ésa es una diferencia importante para una crítica tecnológica adulta: las consecuencias pueden estudiarse; las intenciones ajenas, con frecuencia, solo pueden suponerse.
La neutralidad empieza a desaparecer cuando aparece la escala
Un editor de texto utilizado por diez personas puede permitirnos ignorar casi por completo su estructura política.
La situación cambia cuando una plataforma intermedia el trabajo, la comunicación, el conocimiento o la participación social de cientos de millones.
No porque la cantidad transforme mágicamente el código en ideología, sino porque la escala convierte decisiones privadas en condiciones materiales para otras personas.
Incluso Omarchy, todavía diminuto frente a Windows o macOS, ofrece una pequeña muestra de esa transición. El proyecto afirmó superar las 200.000 descargas de su ISO en menos de 19 días. Descargas no equivalen a usuarios activos, pero muestran la velocidad con la que una arquitectura experimental puede adquirir visibilidad cuando dispone simultáneamente de comunidad, dinero y una figura pública capaz de convocar atención.
El problema tampoco se resuelve invirtiendo la ecuación y declarando que toda centralización es mala.
Los sistemas centralizados pueden ofrecer estándares comunes, seguridad, coordinación e interoperabilidad. Una pequeña comunidad descentralizada puede ser intolerante, opaca o autoritaria. Un proyecto comunitario puede estar extraordinariamente mal gobernado y una organización grande puede establecer procedimientos razonables de rendición de cuentas.
Por eso la pregunta relevante no es si una tecnología es grande o pequeña.
Es qué poder concentra, qué mecanismos permiten cuestionarlo y qué alternativas pueden sobrevivir a su alrededor.
Una sociedad genuinamente plural necesita que distintos grupos humanos puedan desarrollar herramientas compatibles con sus necesidades, tradiciones y formas de vida sin que eso implique negar la dignidad ni los derechos de quienes piensan distinto. En ese sentido, la diversidad tecnológica puede tener una función parecida a la diversidad institucional: ofrece espacios donde no todo tiene que organizarse de una única manera.
Lo contrario es un mundo donde unas pocas arquitecturas se vuelven tan omnipresentes que dejan de parecernos decisiones.
Simplemente se convierten en “cómo funcionan las cosas”.
El problema incómodo de la sostenibilidad
Aquí Omacom introduce una contradicción que conviene conservar.
El software abierto tiene un problema real de sostenibilidad. Proyectos de los que dependen miles de empresas pueden estar mantenidos por personas que trabajan gratuitamente, buscan donaciones o realizan consultorías para poder seguir programando. Convertir ese trabajo en empleo estable puede mejorar seguridad, continuidad y calidad.
En el caso de Hyprland, Omacom afirma explícitamente que su patrocinio permitirá a Vaxry concentrarse en el proyecto sin depender del desarrollo comercial ni de campañas permanentes de recaudación. Quickshell y mise reciben apoyo con una lógica semejante.
Sería absurdo negar que eso puede producir buen software.
Pero resolver la escasez de recursos mediante una gran concentración de recursos introduce otra pregunta.
Un proyecto sostenible no es solamente aquel que dispone de mucho dinero hoy. También importa saber qué ocurre cuando cambia la voluntad de quienes lo financian.
Omacom puede convertirse en un caso exitoso de patronazgo moderno. También puede mostrar los límites de un modelo en el que una infraestructura abierta obtiene gran parte de su capacidad económica mediante una red extraordinariamente pequeña de personas.
No conocemos todavía la respuesta. Y ése es precisamente el punto.
Abrir la dimensión política de la tecnología significa aprender a formular este tipo de preguntas antes de que las estructuras se vuelvan invisibles por costumbre.
Del código al derecho
Hay una consecuencia especialmente importante cuando trasladamos esta discusión desde un escritorio Linux hacia las tecnologías que comienzan a intervenir en decisiones sobre empleo, crédito, educación, información o administración pública.
La ley tendrá que entrar inevitablemente en la conversación.
Pero hablar de principios jurídicos exige cierta precisión. Los principios generales del derecho tienen un significado técnico y no constituyen simplemente una lista de valores que nos resultan deseables. En derecho internacional, por ejemplo, el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia los reconoce entre las fuentes que la Corte debe aplicar. La Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas acaba de completar en 2026 su segunda lectura de doce conclusiones dedicadas específicamente a cómo identificar esos principios.
Eso tampoco significa que dignidad humana, privacidad, igualdad, debido proceso, proporcionalidad o no discriminación pertenezcan automáticamente y en idénticos términos a una única categoría jurídica universal. Dependiendo del ordenamiento pueden aparecer como derechos fundamentales, principios constitucionales, garantías procesales o criterios regulatorios.
Pero la distinción no debilita la idea central sino que la fortalece.
Porque quizá el desafío de la legislación tecnológica no sea inventar desde cero una ética para cada nuevo algoritmo. El derecho lleva siglos intentando responder a un problema muy parecido: cómo limitar el ejercicio del poder sobre una persona.
La tecnología cambia la forma del problema.
No necesariamente sus fundamentos.
Una decisión automatizada puede seguir necesitando justificación. Una persona puede seguir necesitando saber qué norma se aplicó sobre ella. Una diferencia de trato puede seguir necesitando una razón legítima. Una intervención sobre derechos puede seguir necesitar proporcionalidad. Y una decisión con consecuencias graves puede seguir requiriendo una instancia donde ser cuestionada.
Antes de preguntarnos cuánto más eficiente es un sistema, quizá deberíamos poder responder algo anterior: ¿trata a la persona como un sujeto capaz de comprender, decidir y reclamar, o únicamente como usuario, dato, consumidor, recurso económico o probabilidad estadística?
Ahí la dignidad deja de ser una palabra ceremonial.
Se convierte en arquitectura.
La inteligencia artificial hará esta discusión mucho más difícil
No hace falta imaginar un futuro distante para ver hacia dónde va el problema.
La propia Unión Europea ya utiliza la categoría jurídica de gatekeeper para determinadas grandes plataformas digitales. Actualmente mantiene designados servicios de Alphabet, Amazon, Apple, Booking, ByteDance, Meta y Microsoft bajo el Digital Markets Act, precisamente porque considera que ciertas plataformas han adquirido capacidad suficiente para actuar como puertas de entrada entre empresas y usuarios. Entre las obligaciones aparecen interoperabilidad, mayor capacidad para cambiar de servicios y restricciones a determinadas prácticas de autopreferencia.
La inteligencia artificial añade otra capa porque cada vez más decisiones pueden ser mediadas no solamente por plataformas, sino por sistemas que clasifican, recomiendan, sintetizan y actúan.
La Recomendación sobre Ética de la Inteligencia Artificial de UNESCO sitúa los derechos humanos y la dignidad en su fundamento y desarrolla principios como proporcionalidad, seguridad, privacidad, transparencia, supervisión humana, responsabilidad, alfabetización y no discriminación. Lo interesante no es que UNESCO haya encontrado una fórmula definitiva, sino que un marco internacional sobre IA termine inevitablemente hablando mucho menos de máquinas que de las condiciones bajo las cuales una persona queda sometida a ellas.
La política vuelve a aparecer y no porque alguien la haya introducido artificialmente en el código.
No todos estamos igualmente preparados para mirar detrás de la interfaz
Hay además una dimensión incómoda que suele quedar fuera de las discusiones entre quienes trabajamos diariamente con tecnología.
Para una persona técnicamente competente, investigar quién mantiene un programa, revisar un repositorio, cambiar de proveedor, modificar una configuración o comprender qué datos entrega puede ser relativamente sencillo.
Esa experiencia no es universal.
En 2025 la Unión Internacional de Telecomunicaciones calculaba que 2.200 millones de personas seguían sin conexión a Internet, casi todas en países de ingresos bajos o medios. Incluso entre quienes ya están conectados persisten brechas importantes de habilidades: en los países con datos disponibles, el 76% de los usuarios alcanzaba al menos competencias básicas relacionadas con información y datos, pero solo el 57% llegaba a ese nivel en seguridad digital. La propia UIT advierte que acceso y capacidad para beneficiarse de Internet no son equivalentes.
Esto importa cuando pensamos en personas de bajos ingresos.
Quien dispone de tiempo, conocimientos y recursos puede investigar qué software utiliza y, en algunos casos, marcharse.
Quien apenas consigue acceder al dispositivo, la conectividad y las habilidades necesarias para desenvolverse digitalmente se relaciona con esa infraestructura desde una posición completamente diferente.
Todavía no hace falta desarrollar aquí todo el problema de la desigualdad digital. Bastaría con reconocer algo que debería acompañar cualquier legislación tecnológica futura: la capacidad técnica del usuario más avanzado no puede utilizarse como medida de la libertad del resto de la sociedad.
El uso público de nuestra razón
En 1784, mucho antes de que existiera algo remotamente parecido a Internet, Immanuel Kant respondió a la pregunta “¿Qué es la Ilustración?” vinculándola con la capacidad de salir de la tutela intelectual y atreverse a utilizar el propio entendimiento.
Dentro de ese texto distinguió entre el uso privado y el uso público de la razón. Este último corresponde al individuo que razona ante el público y participa de una comunidad capaz de examinar argumentos. Para Kant, la posibilidad de realizar libremente ese uso público era una condición esencial del proceso ilustrado.
No tendría sentido convertir a Kant en comentarista póstumo de las redes sociales.
Pero su problema sigue siendo reconocible.
Pensar por nosotros mismos requiere algo más que ausencia de censura. Necesitamos información, educación, tiempo y espacios donde sea posible examinar aquello que condiciona nuestra experiencia.
Y una parte creciente de esa experiencia ocurre hoy dentro de sistemas digitales.
La libertad tecnológica del futuro quizá no pueda limitarse entonces al derecho de comprar un dispositivo, instalar una aplicación o, incluso, acceder al código fuente. También tendrá que relacionarse con nuestra capacidad para comprender y cuestionar las estructuras que median nuestra vida.
Eso incluye sus algoritmos. Sus propietarios. Sus reglas. Y también su financiación.
Sigue el dinero
Durante décadas aprendimos a contar la industria tecnológica mediante una narrativa muy específica.
El garaje.
El fundador brillante.
La primera ronda de inversión.
El crecimiento explosivo.
El unicornio.
La salida a bolsa.
La adquisición multimillonaria.
Conocemos esas historias porque la industria aprendió a contarlas extraordinariamente bien.
Pero existe otra historia tecnológica bastante menos visible.
Es la historia de las fundaciones que mantienen infraestructura, de los ejecutivos que financian proyectos concretos, de las dependencias que unen unas herramientas con otras, de los patrocinadores que permiten que ciertos desarrolladores trabajen durante años, de las plataformas que se convierten en puertas de entrada y de las decisiones económicas que determinan qué tecnologías consiguen suficiente tiempo para madurar.
Omacom acaba de poner una parte de esa estructura delante de nuestros ojos.
Podemos discutir las ideas políticas de David Heinemeier Hansson. Podemos discutir si el término fascismo describe adecuadamente algunas de ellas. Podemos discutir si sus patrocinadores hicieron una buena inversión o si Omarchy se convertirá finalmente en una distribución Linux extraordinaria.
Pero sería una lástima que toda la conversación terminara allí.
La pregunta más interesante es mucho más sencilla:
¿quién financia lo que usamos todos los días?
No para elaborar listas de tecnologías políticamente puras. Tampoco para asumir que un dólar transporta automáticamente la ideología de quien lo entrega.
Sino para comprender qué comienza a hacerse posible gracias a ese dinero, qué relaciones de dependencia aparecen, qué personas adquieren capacidad para definir prioridades y qué ocurre cuando esas decisiones alcanzan una escala suficiente para afectar a quienes nunca participaron en ellas.
Abrir la dimensión política del software no significa convertir cada repositorio en un parlamento ni exigirle a cada programador una declaración ideológica.
Significa reconocer que detrás de la interfaz también existen instituciones, capital, intereses, decisiones y consecuencias.
Hasta ahora aprendimos a utilizar la tecnología mirando principalmente lo que aparecía en la pantalla.
Quizá la alfabetización tecnológica que necesitaremos para la próxima etapa consista también en aprender a mirar quién está detrás, quién paga y qué clase de mundo se vuelve posible cuando ese dinero comienza a circular.
