La Fiscal general de Michigan se prepara para un juicio histórico contra el Big Oil.
En enero de 2026, el Estado de Michigan, a través de su fiscal general Dana Nessel, presentó una demanda federal antimonopolio contra algunas de las mayores petroleras del mundo y su principal asociación comercial. La acción judicial sostiene que, desde finales de la década de 1970, estas compañías habrían operado como un cártel para retrasar deliberadamente la transición energética, suprimiendo tecnologías como los vehículos eléctricos y la energía solar.
El caso marca un giro estratégico en la litigación climática en Estados Unidos: en lugar de centrarse en fraude al consumidor o daños ambientales, Michigan plantea la cuestión como un problema de competencia económica e innovación tecnológica.
¿Quién demanda y a quién?
Demandante:
The People of the State of Michigan, representados por la fiscal general Dana Nessel, actuando tanto en nombre propio como bajo la figura de parens patriae en representación de los residentes del Estado.
Demandados:
- BP p.l.c. y subsidiarias en EE.UU.
- Chevron Corporation y Chevron U.S.A. Inc.
- Exxon Mobil Corporation y ExxonMobil Oil Corporation
- Shell plc y múltiples subsidiarias estadounidenses
- American Petroleum Institute (API)
La demanda fue presentada ante el United States District Court for the Western District of Michigan, bajo el número de caso 1:26-cv-00254
La teoría central: un cártel energético desde 1979
Según el escrito de demanda, las compañías habrían operado durante aproximadamente 45 años como un cártel destinado a:
- Retrasar la electrificación del transporte.
- Bloquear o desincentivar la comercialización de tecnologías solares.
- Limitar el despliegue de infraestructura de recarga para vehículos eléctricos.
- Redirigir inversión “verde” hacia soluciones que mantuvieran la dependencia de combustibles fósiles.
- Influir en instituciones académicas, políticas y mediáticas para reducir la presión competitiva de energías renovables.
El punto de partida narrativo es 1979, cuando el American Petroleum Institute habría creado una “CO2 and Climate Task Force” que, según Michigan, facilitó el intercambio estratégico de información entre competidores en un contexto de conocimiento temprano sobre riesgos climáticos.
La acusación no se limita a una omisión pasiva, sino que habla de estrategias activas de “capture-and-kill”: adquirir tecnologías prometedoras, litigar para restringir su uso o simplemente dejarlas sin explotación comercial.
Fundamentos jurídicos: Sherman Act, Clayton Act y MARA
La demanda invoca tres pilares legales principales:
- Sección 1 de la Sherman Act (conspiración en restricción del comercio).
- Remedios bajo la Clayton Act, incluyendo daños triplicados.
- Michigan Antitrust Reform Act (MARA), equivalente estatal del régimen federal.
Michigan solicita:
- Declaración de ilegalidad per se (o alternativamente bajo rule of reason).
- Daños compensatorios y triplicados.
- Medidas cautelares permanentes.
- Multas civiles.
- Disgorgement (devolución de beneficios).
- Honorarios y costas.
La fiscalía sostiene que la conducta habría afectado dos mercados relevantes:
- Energía para transporte (gasolina vs. electrificación).
- Energía primaria (fósiles vs. renovables en calefacción y electricidad).
El frente previo: el intento del Departamento de Justicia de bloquear la demanda
Antes de que Michigan presentara esta acción, el Departamento de Justicia de EE.UU. había iniciado en 2025 una demanda preventiva contra el Estado (caso 1:25-cv-00496), buscando impedir una futura litigación climática estatal contra la industria fósil.
El 24 de enero de 2026, la jueza Jane M. Beckering desestimó esa acción por falta de jurisdicción, considerando que no existía un conflicto maduro (ripeness) ni legitimación suficiente. Un día antes, el 23 de enero de 2026, Michigan había presentado formalmente su demanda antimonopolio.
Estado procesal actual
A fecha 17 de febrero de 2026, el caso antitrust se encontraba en fase inicial. El docket accesible refleja:
- Presentación de la demanda.
- Emisión de citaciones.
- Aviso de caso relacionado.
- Recusación del juez inicialmente asignado.
- Reasignación a la jueza Beckering.
No constan aún resoluciones sustantivas sobre el fondo ni mociones de desestimación en el extracto público consultado.
Las piezas más sensibles de la acusación
El informe destaca varios ejes probatorios que serán claves en la evolución del caso:
1. Baterías NiMH y litigación contra Toyota
La demanda describe cómo Chevron habría adquirido control sobre patentes de baterías NiMH mediante adquisiciones corporativas, litigando posteriormente contra Toyota/Panasonic. Se alega que acuerdos posteriores restringieron ventas comerciales en Norteamérica hasta 2010.
2. Patentes de infraestructura de recarga no explotadas
Se menciona que Exxon obtuvo patentes relacionadas con estaciones de recarga eléctrica que nunca fueron implementadas comercialmente, interpretado por la demanda como indicio de bloqueo estratégico.
3. Greenwashing y manipulación de demanda
La fiscalía sostiene que campañas públicas que promovían compromiso climático mientras se expandía la producción fósil habrían suprimido la demanda de renovables.
4. Hacking y “Dark Basin”
Se incluyen referencias a supuestas operaciones de hacking-for-hire vinculadas a litigación climática, con menciones al caso “Dark Basin” y procesos penales asociados. No obstante, el propio informe reconoce que la atribución corporativa definitiva será un punto altamente disputado.
La dimensión económica: “miles de millones” sin cifra cerrada
La demanda afirma que Michigan y sus consumidores habrían evitado “miles de millones” en sobrecargos y externalidades si la transición energética no hubiera sido retrasada.
No se publica una cifra final específica de daños, pero sí se incluyen estimaciones puntuales, como:
- Hasta 35% de los hogares de Michigan podrían ahorrar aproximadamente 710 millones de dólares anuales mediante electrificación eficiente.
- Aproximadamente 320.000 hogares dependen del propano como calefacción principal.
La cuantificación definitiva dependerá de modelización econométrica y peritajes expertos, aún no publicados en el registro accesible.
Obstáculos jurídicos previsibles
El propio informe identifica desafíos significativos:
- Estándar Twombly/Iqbal: necesidad de probar un acuerdo real, no mera conducta paralela.
- Prescripción de cuatro años bajo la Clayton Act, abordada por Michigan mediante la teoría de “violación continuada”.
- Antitrust injury y standing, especialmente respecto de daños climáticos y externalidades.
- Doctrina Noerr-Pennington, que podría proteger actividades de lobbying.
- Debate sobre definición de mercado y poder de mercado.
Estos puntos serán centrales en eventuales mociones de desestimación y fases probatorias.
Un cambio de paradigma en la litigación climática
A diferencia de demandas anteriores centradas en engaño al consumidor o responsabilidad ambiental, Michigan plantea que retrasar sustitutos tecnológicos constituye una restricción de competencia y de innovación.
Si los tribunales aceptan esta teoría, el caso podría:
- Reconfigurar el uso del derecho antimonopolio en contextos de transición energética.
- Elevar el rol de la innovación como eje central del análisis competitivo.
- Aumentar riesgos legales para asociaciones industriales que intercambien información estratégica en mercados tecnológicos emergentes.
Conclusión
La demanda de Michigan contra ExxonMobil, Chevron, BP, Shell y el American Petroleum Institute no es simplemente otra acción climática: es una acusación estructural de colusión tecnológica de largo plazo.
El caso está en etapa temprana y enfrenta barreras jurídicas relevantes. Aún no existe pronunciamiento sobre el fondo. Sin embargo, la combinación de derecho antitrust, transición energética e innovación tecnológica lo convierte en uno de los litigios más ambiciosos y potencialmente disruptivos en el ámbito energético estadounidense.
Si prospera, podría sentar precedentes que trasciendan Michigan. Si fracasa, redefinirá los límites del uso del derecho de competencia como herramienta de política climática.
Lo que está en juego no es solo la historia de la energía, sino la interpretación futura de cómo el derecho antimonopolio interactúa con la innovación tecnológica y la transición económica global.
